Acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, acuerdo vinculante entre Estados Unidos y un país extranjero que es más fácil de promulgar que un tratado formal, pero cuyo alcance es técnicamente más limitado.
Aunque tanto los tratados como los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo son acuerdos internacionales, ambos son instrumentos jurídicamente distintos. Por ejemplo, los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo no pueden abordar asuntos que estén fuera del ámbito de los poderes enumerados del Congreso y del presidente (aquellos poderes expresamente concedidos al Congreso y al presidente en el artículo I, sección 8, y en el artículo II, sección 2, respectivamente, de la Constitución de Estados Unidos), mientras que los tratados sí pueden hacerlo. Además, según la Constitución, un tratado sólo se ratifica si al menos dos tercios del Senado votan a favor. En cambio, un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo se convierte en vinculante con sólo una mayoría simple en ambas cámaras del Congreso. Los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo no deben confundirse con los acuerdos ejecutivos, que son celebrados únicamente por el presidente.
En parte porque los poderes enumerados del Congreso y del presidente se han interpretado de forma amplia, la mayoría de los acuerdos que se proponen como tratados también podrían haberse propuesto como acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos ha optado con frecuencia por utilizar acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo en lugar de tratados para acuerdos controvertidos que probablemente no obtengan la mayoría necesaria en el Senado. Entre los ejemplos de propuestas controvertidas abordadas en forma de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo figuran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1992 y el acuerdo por el que Estados Unidos se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.