Expectativas religiosas y seculares sobre el matrimonio y la sexualidad
Con el tiempo, las culturas históricas y tradicionales registradas originalmente por personas como Bachofen y Morgan sucumbieron lentamente a la homogeneización impuesta por el colonialismo. Aunque en su día existió una multiplicidad de prácticas matrimoniales, las naciones conquistadoras solían obligar a las culturas locales a ajustarse a los sistemas administrativos y de creencias coloniales. Ya sean egipcios, vijayanaganes, romanos, otomanos, mongoles, chinos, europeos u otros, los imperios han fomentado durante mucho tiempo (o, en algunos casos, impuesto) la adopción generalizada de un número relativamente pequeño de sistemas religiosos y jurídicos. A finales del siglo XX y principios del XXI, las perspectivas de una o más de las religiones del mundo -el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam y el cristianismo- y sus prácticas civiles asociadas se invocaban a menudo durante los debates nacionales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Tal vez porque los sistemas de religión y los sistemas de autoridad civil suelen reflejarse y apoyarse mutuamente, los países que habían alcanzado un consenso sobre la cuestión a principios de la década de 2000 tendían a tener una única afiliación religiosa dominante en toda la población; muchos de esos lugares tenían una única religión patrocinada por el Estado. Este era el caso tanto de Irán, donde una fuerte teocracia musulmana había penalizado las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, como de Dinamarca, donde las conclusiones de una conferencia de obispos evangélicos luteranos (que representaban a la religión del Estado) habían contribuido a allanar el camino para el primer reconocimiento nacional de las relaciones entre personas del mismo sexo a través de parejas registradas. En otros casos, la homogeneidad cultural respaldada por la religión dominante no se tradujo en la aplicación de la doctrina al ámbito cívico, pero puede haber propiciado, no obstante, una serie de debates más fluidos entre la ciudadanía: Bélgica y España han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, a pesar de la oposición oficial de su institución religiosa predominante, la Iglesia Católica Romana.
La existencia de pluralidades religiosas dentro de un país parece haber tenido un efecto menos determinante en el resultado de los debates sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En algunos de estos países, como Estados Unidos, fue difícil alcanzar un consenso sobre esta cuestión. Por otro lado, los Países Bajos -el primer país que concedió derechos matrimoniales igualitarios a las parejas del mismo sexo (2001)- tenía una gran diversidad religiosa, al igual que Canadá, que lo hizo en 2005.
La mayoría de las religiones del mundo se han opuesto en algún momento de su historia al matrimonio entre personas del mismo sexo por una o varias de las siguientes razones expuestas: los actos homosexuales violan la ley natural o las intenciones divinas y, por tanto, son inmorales; los pasajes de los textos sagrados condenan los actos homosexuales; y la tradición religiosa sólo reconoce como válido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, a principios del siglo XXI, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo hablaron con más de una voz sobre esta cuestión. El judaísmo ortodoxo se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que las tradiciones reformista, reconstruccionista y conservadora lo permitían. La mayoría de las confesiones cristianas se opusieron, mientras que la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Unida de Canadá y la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros) adoptaron una postura más favorable o permitieron la autonomía de las iglesias individuales en la materia. Las iglesias universalistas unitarias y la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana, de orientación gay, aceptaron plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. El hinduismo, sin un líder o jerarquía única, permitió que algunos hindúes aceptaran la práctica mientras que otros se opusieron virulentamente. Las tres principales escuelas del budismo -Theravada, Mahayana y Vajrayana- hacían hincapié en la consecución de la iluminación como tema básico; la mayor parte de la literatura budista consideraba, por tanto, que todo matrimonio era una elección entre los dos individuos implicados.
La sexualidad no es más que uno de los muchos ámbitos en los que interactúan la autoridad religiosa y la cívica; las definiciones de la finalidad del matrimonio es otra. Según un punto de vista, el propósito del matrimonio es asegurar la procreación y la crianza de los hijos. Según otra, el matrimonio es uno de los pilares fundamentales de las comunidades estables, y la procreación es un subproducto incidental. Una tercera perspectiva sostiene que el matrimonio es un instrumento de dominación social y que, por tanto, no es deseable. La cuarta es que las relaciones entre adultos que dan su consentimiento no deben ser reguladas por el gobierno. Aunque la mayoría de las religiones se adhieren a una sola de estas creencias, no es raro que coexistan dos o más puntos de vista dentro de una sociedad determinada.
Los defensores del primer punto de vista creen que el objetivo principal del matrimonio es proporcionar una institución social relativamente uniforme a través de la cual producir y criar a los hijos. Desde su punto de vista, dado que tanto el hombre como la mujer son necesarios para la procreación, los privilegios del matrimonio deberían estar disponibles sólo para las parejas de sexo opuesto. En otras palabras, las asociaciones que implican intimidad sexual deberían tener al menos un potencial nocional de procreación. Desde esta perspectiva, el movimiento para reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es un intento erróneo de negar las distinciones sociales, morales y biológicas que fomentan la existencia continuada de la sociedad, por lo que debería desaconsejarse.
Debido a que este punto de vista considera la reproducción biológica una especie de obligación social, sus defensores tienden a enmarcar el compromiso legal y moral de los individuos entre sí como una cuestión de parentesco genético. En los casos de herencia o custodia, por ejemplo, suelen definir los deberes legales de los padres hacia sus hijos biológicos de forma diferente a los de sus hijastros. Entre los grupos que creen firmemente que el matrimonio entre personas del mismo sexo es problemático, también hay una tendencia a que las relaciones legales de los cónyuges, los padres y los hijos converjan. Normalmente, estas sociedades prevén la herencia automática de bienes entre los cónyuges, y entre padres e hijos, y permiten que estos parientes cercanos sean copropietarios de bienes sin contratos de propiedad conjunta. Además, estas sociedades suelen conceder a los parientes cercanos una serie de privilegios automáticos, como el patrocinio de visados de inmigración o la toma de decisiones médicas por los demás; para aquellos con los que no se comparte ninguna relación de parentesco cercano, estos privilegios suelen requerir intervenciones legales. Estas elusiones legales suelen ser más difíciles para las parejas del mismo sexo y, en algunos casos, incluso están prohibidas.
En contraste con el modelo procreativo del matrimonio, los defensores de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo suelen creer que las asociaciones comprometidas que implican intimidad sexual son valiosas porque unen a las personas en un grado y de una manera singulares. Desde este punto de vista, estas relaciones son intrínsecamente valiosas, pero también muy distintas (aunque no incompatibles) de las actividades relacionadas con la maternidad o la crianza de los hijos. Las relaciones sexuales son uno de los factores que unen a los adultos en unidades familiares estables. Estos hogares, a su vez, constituyen la base de una sociedad productiva, una sociedad en la que, aunque sea de forma incidental, los niños, los ancianos y otras personas que pueden ser relativamente impotentes tienen probabilidades de ser protegidos.
Desde esta perspectiva, la devaluación de la intimidad entre personas del mismo sexo es inmoral porque constituye una discriminación arbitraria e irracional, lo que perjudica a la comunidad. La mayoría de los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo sostienen, además, que la legislación internacional sobre derechos humanos establece una franquicia universal a la igualdad de trato ante la ley. Por lo tanto, prohibir a un grupo específico los plenos derechos del matrimonio es ilegalmente discriminatorio. Para los defensores de la perspectiva del beneficio comunitario, todas las ventajas legales asociadas al matrimonio heterosexual deberían estar al alcance de cualquier pareja comprometida.
En contraste con estas posturas, los teóricos y activistas autoidentificados como «queer» trataron de deconstruir las categorías opuestas emparejadas habituales en los debates sobre biología, género y sexualidad (por ejemplo, hombre-mujer, hombre-heterosexual) y sustituirlas por categorías o continuos que, en su opinión, reflejan mejor las prácticas reales de la humanidad. Los defensores de la homosexualidad sostenían que el matrimonio es una institución de «heteronormatividad» que obliga a los individuos a entrar en categorías culturales inadecuadas y demoniza a quienes se niegan a aceptar esas categorías. Por estas razones, sostenían que la intimidad consensuada entre adultos no debería ser regulada y que el matrimonio debería ser desestablecido como institución cultural.
Una cuarta visión, el libertarismo, tenía premisas diferentes a las de la teoría queer pero ramificaciones algo similares; proponía que los poderes del gobierno deberían estar estrictamente limitados, generalmente a las tareas de mantener el orden civil, la infraestructura y la defensa. Para los libertarios, la legislación matrimonial de cualquier tipo -ya sea la legalización o la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo- quedaba fuera del papel del gobierno y era inaceptable. En consecuencia, muchos libertarios creían que el matrimonio debía ser «privatizado» (es decir, sustraído a la regulación gubernamental) y que los ciudadanos debían poder formar las parejas que eligieran.