Procedimiento jurídico romano

Procedimiento jurídico romano, sistema de larga evolución utilizado en los tribunales romanos, que en sus últimas etapas constituyó la base del procedimiento moderno en los países de derecho civil. Hubo tres etapas principales de desarrollo que se superponen: la legis actiones, que data del código de leyes del siglo V a.C. conocido como las Doce Tablas hasta finales del siglo II; el sistema de formularios, desde el siglo II a.C. hasta el final del período clásico (siglo III a.C.); y la cognitio extraordinaria, en funcionamiento durante el período postclásico.

El procedimiento bajo la legis actiones se dividía en varios pasos. En primer lugar, el demandante se dirigía al demandado en público y le llamaba para que acudiera al tribunal. Si se negaba, se le podía llevar por la fuerza. El juicio propiamente dicho se dividía en dos partes. La primera era una audiencia preliminar celebrada ante un magistrado que decidía si había una cuestión que impugnar y, en caso afirmativo, cuál era. Cada paso de este procedimiento era extremadamente formal. Si cualquiera de las partes utilizaba las palabras equivocadas, podía perder el caso. Una vez definidas las cuestiones y fijadas las garantías, ambas partes se ponían de acuerdo sobre un judex, que no era ni abogado ni magistrado, sino un destacado laico, para juzgar el caso. Los procedimientos ante el judex eran más informales: los abogados hablaban y aportaban pruebas, y los testigos solían comparecer. El judex tomaba una decisión, pero no tenía poder para ejecutarla. Si el acusado se negaba a pagar la multa o a restituirla en un plazo determinado, podía ser llevado por la fuerza ante el magistrado. Entonces se podían embargar sus bienes, o se le podía convertir en esclavo del demandante para saldar la deuda o la reclamación de bienes.

Durante la última república, a medida que los casos se hacían más complejos, se hizo necesario redactar las cuestiones que debían presentarse al judex, lo que dio lugar al sistema de formularios, según el cual el demandado seguía siendo citado por el demandante para comparecer ante el tribunal; seguía habiendo dos partes en el juicio, pero el magistrado tenía más poder para determinar si el caso pasaba al judex.

Bajo la cognitio extraordinaria se puso mucho más poder en manos del magistrado y de los tribunales. La citación fue emitida por el tribunal, el juicio se celebró exclusivamente ante el magistrado, y el tribunal se convirtió en responsable de la ejecución de la sentencia. Además, se desarrolló un sistema de apelación. Así, el Estado se involucró en la administración de justicia y en la aplicación de sus normas jurídicas de manera similar a la de los estados europeos modernos.

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